GOBIERNO MEXICANO BUSCARA TERMINAR CON CONTRATOS DE PENALES PRIVADOS; QUE ADJUDICO CALDERÓN

CIUDAD DE MÉXICO 13-01-21, ElcomplotvEl gobierno mexicano deberá pagar, a lo largo de 20 años, un adeudo que ronda casi lo 270 mil millones de pesos por una red de cárceles privadas adjudicadas durante la administración de Felipe Calderón y los cuales, denuncian los funcionarios de la 4T, están vinculados a Genaro García Luna. Este miércoles se aseguró que van por un acuerdo o su cancelación.

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La conferencia matutina de López Obrador arrancó este día con el informe de la situación de estos penales. De acuerdo a la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, existen ocho centros penales en Sonora, Guanajuato, Oaxaca, Durango, Chiapas, Morelos, Michoacán y Guanajuato con convenios con el gobierno mexicano firmados durante la administración de Felipe Calderón, cuando el secretario de Seguridad era Genaro García Luna.

Por su parte, el consejero jurídico, Julio Scherer, recalcó que estos contratos se dieron por adjudicación directa, con cláusulas que llaman la atención, como el hecho de que, al terminarse el contrato -los cuales rondan hasta los 22 años-, estos penales seguirán perteneciendo a los privados.

Expuesto este contexto, el presidente López Obrador anunció que se buscará un acuerdo con los proveedores: “Consideramos que es un abuso. Si tienen voluntad, se debe lograr un acuerdo en beneficio de la Hacienda Pública”. Sin embargo, también aclaró que, en paralelo, presentarán una denuncia en lo civil para cancelar los contratos, en el caso de no lograr un acuerdo.

Además, acusó que los beneficiarios “están muy vinculados al poder” aunque dijo que se reservaría los datos. Pero este tema le sirvió para insistir que por este tipo de casos es que sus opositores están tan molestos con su gobierno. “Es un botón de muestra, desgraciadamente”. 

CPP

Los ocho penales federales concesionados a particulares, que cuestan casi 10 mil millones de pesos cada año y seguirán pagándose hasta 2032, operan 43.2 por ciento por debajo de su capacidad, cuando en el sexenio de Felipe Calderón se justificó su adquisición por la falta de espacios para albergar presos federales.

Se trata de cárceles que además carecen de suficientes oficiales en prevención penitenciaria, guardas de custodia, médicos, criminólogos y juzgados, necesarios por el “riesgo para albergar personas privadas de la libertad con situación jurídica de procesadas, por la dificultad en la mecánica operativa de los egresos temporales para atender su debido proceso”, informó el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) el sexenio pasado.

Un caso destacado por la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de esos contratos es el del penal federal 17, ubicado en Michoacán —que tuvo retrasos en su construcción por razones de seguridad, al ubicarse en Buenavista Tomatlán—, ya que a pesar de contar con espacio para albergar a 2 mil 520 reos, en junio de 2018 tenía una ocupación de 697 personas, solo 27.7 por ciento de su capacidad, “lo que significó que los recursos destinados al Cefereso CPS no son aprovechados ciento por ciento”.

La Auditoría Superior de la Federación apuntó que se acordó con el proveedor “el incremento en el pago anual de referencia, debido a los retrasos ocasionados por las condiciones de inseguridad que generaron costos adicionales a los previstos”.

Estas observaciones se desprenden del informe de la Cuenta Pública 2017, la cual también precisa que si bien estos contratos de prestación de servicios para la operación de penales federales fueron suscritos en 2011, en la administración anterior terminó pagándose un sobrecosto de 40 mil millones de pesos.

La Secretaría de Hacienda autorizó 199 mil 476.6 millones de pesos para la operación de los ocho Centros Federales de Readaptación Social bajo esa modalidad, “en la cual los costos unitarios tuvieron un incremento hasta de 27.2 por ciento, el cual no fue justificado por la entonces SSP o el OADPRS, lo que significó un sobrecosto por 41 mil 26.400 millones de pesos”, detectó la ASF, por lo que solicitó la intervención del Órgano Interno de Control responsable de esos penales.

Para el pago de estos penales, la Secretaría Hacienda autorizó que, a partir de diciembre de 2010 y hasta diciembre de 2032, se pagaran 9 mil 973 millones 830 mil millones de pesos anualmente en un plazo de 20 años.

De acuerdo con la ASF, entre 2012 y 2017 el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social pagó 40 mil 586.7 millones de pesos por la operación de siete penales operados por privados (aún no operaba el de Coahuila que inició operaciones hasta julio de 2018) y solo en 2017 el pagó ascendió a 11 mil 532.6 millones de pesos que representa 49.3 por ciento del total del gasto en la operación del sistema penitenciario federal que sumó 23 mil 372.8 millones de pesos. En tanto, en 2010, la entonces Secretaría de Seguridad Pública argumentó que otorgar los contratos de prestación de servicios en penales federales fue porque existía un déficit de aproximadamente 41 mil 946 espacios penitenciarios para el fuero federal.

Sin embargo, el promedio anual de personas privadas de su libertad en los siete penales (el Cefereso ubicado en Coahuila no fue incluido debido a que entró en operación hasta julio de 2018) operados por particulares en promedio fue de 11 mil 799, es decir, contaban con una disponibilidad promedio de 33 por ciento, pero para junio de 2018 esos penales albergaban a 10 mil 13 personas, es decir, contaban con una disponibilidad de 43.3 por ciento de sus espacios.

Actualmente en el país hay 20 penales federales, de los cuales ocho lo hacen bajo el esquema de prestación de servicios, es decir, la operación está a cargo de particulares, mientras que las autoridades penitenciarias son responsables de la seguridad y la atención a los internos. 

Con Información de Milenio

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