CIUDAD DE MÉXICO 13-08-20, elcomplotv—Andrés León Reguera y Juan Alberto Bravo Hernández, presuntos responsables de irregularidades en la construcción del monumento Estela de Luz, deberán devolver cerca de 400 millones de pesos.
Ambos sentenciados trabajaron para III Servicios, SA de CV, filial de Pemex, encargada de contratar a las empresas privadas que ejecutaron la obra. León Reguera, se desempeñó durante la construcción del memorial como residente de obra, en tanto Bravo Hernández fue asesor técnico administrativo.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó en marzo de 2019 que León Reguera debe responder por un daño de 216.3 millones de pesos, mientras que Bravo Hernández debe hacerlo por 230 millones de pesos, orden que fue reiterada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA)
La magistrada Nora Elizabeth Urby Genel fue la encargada de presentar el proyecto ante el tribunal federal, quien señaló que esta sanción fue estipulada tras la auditoría realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en marzo de 2019 a los responsables de la obra, monumento conmemorativo del centenario de la Revolución Mexicana y el bicentenario de la Independencia construido durante la presidencia de Felipe Calderón.
La Sala Superior ratificó la responsabilidad resarcitoria por la simulación de compra de acero para la construcción y señalan como responsables a Andrés León Reguera, residente de obra, y a Juan Alberto Bravo Hernández, asesor técnico administrativo, quienes trabajaban para la paraestatal III Servicios, encargada de contratar a empresas privadas que realizaron la construcción.
Los acusados habrían firmado un documento para autorizar el cambio de material sin justificar la modificación, lo que derivó en pagos indebidos y acero adquirido a sobreprecio.
Entre los alegatos de su ponencia, Urby Genel señaló que el 28 de abril de 2010, Andrés León y Juan Alberto Bravo dictaminaron un aparente cambio de acero inoxidable, lo que implicaba un aumento en el costo del proyecto en 316.5 millones de pesos, sin embargo esto no ocurrió.
“No solo no cambió el tipo de acero contratado originalmente, sino tampoco el diámetro”, precisó.
León Reguera y Bravo Hernández, tienen la posibilidad de impugnar la sentencia a través de un amparo directo al tribunal colegiado de circuito, sin embargo, por ahora el dictamen de la devolución del dinero ya está hecha.
La ASF halló pagos improcedentes por 248.9 millones de pesos en la compra de acero estructural y erogaciones presumiblemente ilegales por 150.3 millones de pesos, por incorrecta integración de precios y de diferencias en conceptos de obra.
Cabe mencionar que los actores impugnaron la resolución de Dirección General de Responsabilidades de la ASF, con el argumento de que no hubo daño a la Hacienda Pública porque el dinero salió del fiduciario (Banjército) y fue pagado a III Servicios SA de CV y ambas pertenecen a la Administración Pública Federal (APF), sin embargo, la magistrada ponente indicó que los recursos fueron utilizados de forma indebida causando daño.
